Las comunidades indígenas se quedaron sin un “árbitro” que vele por sus intereses, porque antes se enfrentaban a las empresas petroleras y el Estado protegía sus derechos, pero ahora deben enfrentarse al “Estado-empresa” que tiene sus propias compañías interesadas en la exploración y explotación de hidrocarburos, manifestó el investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

Ésa es la experiencia que atraviesan las comunidades en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía (Tarija), así como en otras regiones, donde las comunidades indígenas o campesinas tienen que enfrentarse con el Estado y sus empresas petroleras.

La empresa pública YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB Corporación, suscribió un contrato con Petrobras Bolivia para la exploración en el campo Astillero del pozo Astillero X-1. Las actividades de para implementar el campo han empezado.

“Hasta antes de 2005, tenían que enfrentarse comunidades versus empresas petroleras; sin embargo, a raíz de la Ley 3058 y el Decreto Supremo llamado de nacionalización (28701), estas comunidades tienen que enfrentarse a un Estado-empresa”, dijo Velásquez.

Es así que las instituciones que deberían velar por la protección de los parques nacionales, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no cumplen su función. 

Las empresas petroleras ya ingresaron a Tariquía, aún en contra de normas de protección de estas áreas importantes para el medioambiente.